El terremoto de ICA y los Loquendo

 

 

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Próximo a salir el video de LoqHCI5 sobre el terremoto de ICA aquí el texto base que se va a utilizar

DESDE LIMA.

El principal damnificado, político del terremoto de miércoles 15 de agosto es presidente Alan García. Menos de tres horas después del peor sismo ocurrido en 32 años en Perú, el mandatario de este país, en mangas de camisa y desde su despacho de Palacio de Gobierno, se dirigió por televisión a la ciudadanía para dar las gracias al Todopoderoso por haber impedido que el movimiento telúrico de 7 grados en la escala de Richter causara un elevado número de víctimas. García, al estilo de un telepredicador evangélico, dijo que fue Dios quien quiso que "no ocurriera una catástrofe humana".

Y añadió con énfasis: "A pesar de la fuerte intensidad, no ha habido una gran cantidad, de daños personales, gracias a Dios". El presidente pretendía calmar a los peruanos, pero se apresuró y cometió un error estadístico. A la mañana siguiente, se contabilizaron más de 500 muertos, un millar de heridos y 170 mil viviendas destruidas. Las localidades de la costa sur –Pisco, Ica y Chincha– habían sido arrasadas por un terremoto cuya dimensión ignoraba García.

De haberse informado adecuadamente, el jefe de Estado, a quien le encanta dictar órdenes imprevistas, desaforadas y altisonantes, podría haber enviado ayuda inmediata a las poblaciones devastadas. Prefirió, en cambio, esperar qué hacer. Y ningún miembro de su gabinete hizo nada hasta que él, lo decidiera.

 

"¡Ataúdes, ataúdes!"

 

Las imágenes de Pisco eran terribles: en las calles decenas de muertos esperaban ser retirados y sepultados, miles de personas deambulaban en busca de un lugar donde refugiarse y otras trataban de rescatar lo que podían de sus viviendas en escombros.

La difusión de estas escenas obligó a Alan García a trasladarse al día siguiente del terremoto –el 16 de agosto– al puerto, ubicado a 290 kilómetros al sur de Lima, el cual se había convertido en el foco del desastre.

Los pobladores le exigieron a gritos alimentos, agua, medicinas, carpas. Y también féretros. "¡Ataúdes, ataúdes!", le gritaban los damnificados mientras recorría el lugar.

García ofrecía garantías de que la ayuda llegaría pronto. Que no se desesperaran. Que tuvieran fuerzas. Sin embargo, muchos no hicieron caso de sus palabras. En menos de 48 horas cientos de damnificados realizaron saqueos en las afectadas localidades de Pisco, Ica y Chincha. Afirmaban que las autoridades los habían abandonado.

Los canales de televisión reportaban en vivo y en directo cómo grupos de pobladores desesperados atacaban los centros de acopio de víveres. Otros, aprovechando la ausencia de seguridad, ingresaban a los locales de derruidos supermercados, restaurantes y farmacias para apropiarse de lo que encontraban.

En las localidades aledañas a las ciudades afectadas por el sismo, la gente obstaculizaba con pesadas piedras el paso de los camiones cargados de ayuda humanitaria que transitaban por la Panamericana Sur, la única vía de acceso al área del desastre... y los asaltaban.

García los llamó delincuentes, gente de mal vivir, vándalos. Y le pareció un remedio eficaz ordenar el desplazamiento de un millar de soldados. "Restableceremos el orden de manera enérgica y las fuerzas armadas así lo harán", aseguró el mandatario.

 

Buscar culpables

 

Pero estaba claro que el problema no era de seguridad y que el presidente también era parte del problema debido a su excesivo afán de protagonismo e insistencia en concentrar hasta la más mínima decisión.

Objeto de críticas por la ineficacia en la provisión de asistencia a los damnificados, Alan García comenzó a buscar responsables, pero no precisamente en su gobierno. Entonces atacó a las organizaciones no gubernamentales (ONG), con las que no simpatiza porque promovieron acciones judiciales por su presunta vinculación en violaciones de los derechos humanos durante su primer gobierno (1985-1990).

De hecho su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), alentó y aprobó en el Congreso una ley anti-ONG. "¡Vengan a ayudar, los quiero ver! Los que exigen, los que gritan, los que le piden al Estado todo el tiempo, ahora les toca dar. Esa ayuda internacional que reciben las ONG, la deben aplicar aquí concretamente", exclamó García el miércoles 22.

Un día después, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), reviró en un comunicado: "Es indudable que el gobierno ha incurrido en graves errores e ineficiencias. Lo que debe hacerse, en lugar de aprovechar esta situación tan dolorosa para gratuitos ataques a las ONG, es superar estas deficiencias gubernamentales".

Entonces, el presidente García buscó a otra víctima: el contralor general Genaro Matute.

Ante la ola de denuncias ciudadanas sobre la presunta utilización indebida de la ayuda humanitaria destinada a los afectados por el terremoto, el contralor Matute, funcionario elegido por el Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), anunció que investigaría los hechos y procedería a denunciar a los autores.

Las sospechas recaían en el alcalde de Pisco, Juan Mendoza Uribe, a quien la población señalaba como autor del supuesto desvío de alimentos, medicinas y ropa. El pasado 20 de agosto García cuestionó a la Contraloría por investigar el caso. Argumentó que su acción entorpecía la distribución de la asistencia, e insultó a Matute: "Hay que ser torpes, a veces brutos, para creer que el alcalde va a entregarle a sus favoritos víveres y ropa, y postergar a la población".

Sin embargo, el presidente no se mostró igual de enérgico, por ejemplo, con la empresa Telefónica, cuya eficiencia en esta crisis también quedó en entredicho. Durante casi tres horas, las posteriores al terremoto que sacudió por más de dos minutos la costa central y sur del país, y que ha cobrado 513 víctimas hasta el momento según la cifra oficial, el sistema de comunicaciones no funcionó.

Los principales operadores del área en Perú son la española Telefónica, que controla el mercado, así como Claro, Telmex y Nextel. Incluso García reclamó por el mal servicio y dijo que sería bueno realizar una investigación al respecto. En el caso de Telefónica, la compañía se justificó: declaró que se produjo una congestión en sus sistemas porque todos los usuarios querían entablar comunicación al mismo tiempo con sus familiares.

La ministra de Comunicaciones, Verónica Zavala, adelantó que se le aplicará una auditoría a dicha empresa.

Durante la campaña electoral, García prometió que renegociaría el contrato con Telefónica porque en Perú se pagaban las tarifas más altas de la región. Una vez en el gobierno, no hubo tal renegociación y sólo se obtuvo una mínima rebaja.

Rebasados

El mandatario les atribuyó a los medios informativos exageración y alarmismo. "A veces algunos periodistas, no necesariamente peruanos, también de otros países, juegan a las alarmas. Hay alguna gente que gusta de atemorizar, llevan malas noticias, destruyendo el ánimo de la población", afirmó el 20 de agosto durante una conferencia de prensa.

Y ante una pregunta de un enviado español que indagaba por qué tardaba la entrega de la ayuda y llamaba la atención por las protestas de los damnificados, García soltó: "Su país no se arregló en dos días después de la Guerra Civil".

Para el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Lucien Chauvin, "el presidente García, como todos los políticos, prefiere matar al mensajero antes de aceptar el mensaje (...) En vez de aceptar las críticas como deben ser, los políticos prefieren hablar como si fueran todopoderosos".

Incluso un congresista del partido en el gobierno, Edgard Núñez, representante de Pisco que perdió a cinco familiares durante el sismo, admitió que el gobierno cometió gravísimos errores. "La reacción del Estado ha sido torpe. Tenemos un Estado inútil e incapaz de reaccionar ante una tragedia, ante una catástrofe", expresó.

"Lo más lamentable es que hemos tenido informantes del presidente de la República que no han estado a la altura de su responsabilidad, porque le dieron datos falsos y le hicieron cometer un gravísimo error", señaló en referencia al mensaje presidencial de la noche del terremoto.

Sin embargo, ninguno de esos funcionarios, quienes presuntamente no informaron adecuadamente al jefe de Estado, ha sido despedido o sancionado.

El pasado fin de semana, luego de visitar el área de desastre, García hizo afirmaciones que sorprendieron a todos: "Diría que la ayuda alcanzó al 95% de la población, especialmente en los grandes centros (Pisco, Ica y Chincha) y en las pequeñas ciudades".

Sus palabras contrastan con la información que la prensa nacional continúa reportando: la existencia de numerosos poblados donde no ha llegado ayuda alguna y donde la gente sigue durmiendo en la calle debido a la destrucción de sus viviendas.

Después matizó: "Pero tenemos zonas muy aisladas adonde, por condiciones naturales, demora la ayuda en llegar o llega poca ayuda".

Sin embargo, son esas zonas, las alejadas de las grandes urbes, donde se concentra la población pobre y en extrema pobreza. Y es la que requiere la prioridad en la distribución de la ayuda humanitaria.

Pero el gobierno está concentrado en otro tipo de campañas. El ministro de la Producción, Rafael Rey, anunció el jueves 23 que Alan García obsequiará a los representantes de los países que hicieron donativos una botella de pisco, un aguardiente de uva que lleva el nombre del antiguo puerto afectado por el terremoto.

"Las botellas no serán comercializadas y el presidente Alan García las dará en gratitud por la solidaridad expresada", dijo Rey a la prensa extranjera.

El gobierno de García incluso está con ánimo de celebrar.

Cortesía diario "La República"